La Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia n.º 330/2025, de 3 de junio de 2025, ha establecido que una residencia de mayores no puede incrementar unilateralmente la cuota mensual de sus residentes cuando ese aumento no haya sido pactado contractualmente. La resolución recuerda que el precio constituye un elemento esencial del contrato y, por tanto, cualquier modificación requiere el consentimiento de ambas partes.
El fallo reviste especial interés para residencias, usuarios y profesionales del derecho civil y de consumo, al delimitar los límites de la modificación de los contratos de prestación de servicios asistenciales y recordar que el incremento de las necesidades asistenciales del residente no autoriza, por sí solo, una subida automática del precio.
El litigio surgió tras la reclamación formulada por una residencia de mayores para exigir el pago de cantidades derivadas del aumento de la cuota mensual aplicado a uno de sus residentes.
La residencia justificaba el incremento en el mayor nivel de atención y prestaciones que requería el usuario como consecuencia de la evolución de su estado de salud.
Sin embargo, los residentes rechazaron la reclamación al considerar que esa subida nunca había sido aceptada ni estaba prevista en el contrato firmado.
La Audiencia Provincial revoca parcialmente la sentencia de primera instancia y concluye que no puede entenderse que los residentes prestaran su consentimiento al nuevo precio simplemente porque continuaran recibiendo el servicio.
El tribunal recuerda que el precio forma parte de los elementos esenciales del contrato de prestación de servicios y que cualquier modificación exige el acuerdo de ambas partes, salvo que el propio contrato contemple expresamente un mecanismo de revisión.
En este caso, esa posibilidad no existía, por lo que el incremento aplicado por la residencia carecía de respaldo contractual.
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la diferenciación entre el aumento de las necesidades del residente y el derecho de la residencia a modificar el precio.
La Audiencia reconoce que la evolución del estado del usuario puede exigir una atención más intensa o mayores prestaciones. No obstante, esa circunstancia no permite incrementar automáticamente la cuota si el contrato no lo prevé expresamente.
En consecuencia, la residencia no puede trasladar unilateralmente ese mayor coste al residente sin haber pactado previamente esa posibilidad.
La sentencia recuerda la importancia de redactar con precisión los contratos de prestación de servicios geriátricos, especialmente en lo relativo a la revisión de precios y a las consecuencias derivadas del cambio en las necesidades asistenciales de los residentes.
Para abogados, residencias y usuarios, el fallo constituye un recordatorio de un principio básico del derecho contractual: las condiciones esenciales del contrato no pueden modificarse de forma unilateral, salvo que exista una previsión expresa o el consentimiento de ambas partes.
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