La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en su auto n.º 61/2026, de 7 de julio de 2026, ha impuesto una multa de 1.800 euros a un letrado por vulnerar el deber de buena fe procesal tras presentar un recurso de suplicación sustentado en numerosas citas jurisprudenciales falsas, incorrectas o ajenas al asunto. La resolución aplica el artículo 75.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), que permite sancionar las actuaciones procesales contrarias a la buena fe.
El auto constituye una de las resoluciones más relevantes hasta la fecha sobre el uso de la inteligencia artificial en la práctica jurídica. El tribunal deja claro que la utilización de herramientas de IA no está prohibida, pero recuerda que el profesional sigue siendo el único responsable de verificar la exactitud de la información que firma y presenta ante los tribunales.
La Sala detectó que el recurso incorporaba 24 citas jurisprudenciales no verificables o incorrectas, que representaban aproximadamente el 75 % de las referencias utilizadas para fundamentar el escrito.
Según el tribunal, algunas resoluciones eran directamente inexistentes, otras correspondían a autos y no a sentencias, y otras hacían referencia a asuntos completamente ajenos al litigio. Para la Sala, no se trataba de un error puntual, sino de una actuación reiterada incompatible con la diligencia exigible al ejercicio de la abogacía.
Uno de los aspectos más relevantes del auto es el mensaje que lanza sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico.
El TSXG reconoce que estas herramientas pueden resultar útiles para tareas de apoyo, búsqueda documental o preparación de escritos. Sin embargo, su utilización exige una supervisión humana efectiva, ya que el juicio profesional y la responsabilidad sobre el contenido del escrito corresponden exclusivamente al abogado.
La resolución recuerda que presentar información jurídica sin comprobar su autenticidad compromete la integridad del proceso y la confianza que debe presidir la actuación de los profesionales ante los tribunales.
Para fijar la sanción, el tribunal tuvo en cuenta la gravedad objetiva de la conducta, el elevado número de referencias falsas y el tiempo que la Sala tuvo que dedicar a comprobar unas citas que se presentaban con apariencia de rigor.
Como circunstancias atenuantes valoró el reconocimiento de los hechos, las disculpas ofrecidas por el letrado, la comunicación de lo sucedido a su cliente y la ausencia de antecedentes disciplinarios, lo que llevó a imponer una multa situada en la parte baja del margen previsto por la LRJS.
Además, el auto señala que la utilización de bases de datos jurídicas especializadas o la simple comprobación de las resoluciones en el CENDOJ habría evitado la situación.
Más allá del caso concreto, la resolución envía un mensaje claro al sector jurídico. La eficiencia que ofrece la inteligencia artificial no sustituye el deber de diligencia profesional.
Para despachos, asesorías y departamentos jurídicos, el fallo pone de relieve la necesidad de establecer protocolos internos de revisión y validación de las fuentes antes de incorporar contenido generado por IA a escritos procesales, informes o cualquier documento con trascendencia jurídica.
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